David golpea a Goliat


Un particular ha denunciado ante la Fiscalía al Ayuntamiento de Málaga y a la Junta de Andalucía por «autorizar de forma arbitraria y discrecional» el proyecto urbanístico e inmobiliario en la zona de Hoyo Esparteros que permitirá eliminar parte de la actual trama urbana y, en su lugar, levantar un hotel que llevará la firma del arquitecto Rafael Moneo.

El particular, Antón Ozomek, pide a la Fiscalía que «paralice cautelarmente» cualquier acto que llevase a la eliminación del edificio conocido como La Mundial.

En su argumento, Ozomek asegura que la autorización para intervenir en la zona es «contraria» a la Constitución, en tanto que «perjudica gravemente el patrimonio histórico artístico» de la ciudad.

Añade que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento y la Junta tiene como único objetivo «legalizar una actuación urbanística e inmobiliaria de carácter especulativo, que beneficia fundamentalmente a una empresa privada, perjudicando gravemente al patrimonio y al interés general».

El denunciante acusa a la Junta y al Ayuntamiento por cuatro motivos concretos. Por autorizar una operación «especulativa» según la cual un suelo urbano para equipamientos públicos y un suelo privado residencial pasan a tener un uso lucrativo privado (hotelero y oficinas); por degradar patrimonialmente y autorizar la demolición del edificio de La Mundial, que durante veinte años tuvo protección arquitectónica de grado II, con el único argumento de que su presencia impide construir el mamotreto de Moneo; por autorizar la ruptura y transformación de la trama urbana histórica, igualmente con el mismo argumento: que el Pasillo de Atocha, tras varios siglos de existencia, impide construir el bodrio arquitectónico propuesto; y en cuarto lugar por autorizar la duplicación de la altura máxima edificable para plantar un edificio de casi 45 metros de altura, «precisamente en un sector de especial sensibilidad por tratarse de un Bien de Interés Cultural de Conjunto, como es el Centro Histórico de Málaga».

Por todo ello el denunciante pide a la Fiscalía, que paralice cautelarmente cualquier acto que vaya contra la destrucción de dicho patrimonio.

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